La movilidad se erige como uno de los derechos fundamentales inherentes a la condición humana, equiparable en importancia al derecho a la salud o a la educación. Este derecho es crucial, ya que, en cualquier situación en la que nos encontremos, necesitamos desplazarnos para garantizar nuestra subsistencia básica.
Dentro del marco legal guatemalteco, existen dos leyes que se enfocan en regular el tránsito y la seguridad vial, las cuales son el Decreto 132-96 “Ley de Tránsito y sus reformas”, y el decreto 45-2016 “Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial y sus reformas”.
En ambas instancias, se intenta regular aspectos relacionados con el tráfico vehicular, sin embargo, se descuidan otros factores de mayor importancia y necesidad. Es esencial establecer los fundamentos y principios que aseguren el derecho a la movilidad en condiciones óptimas de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Igualmente, se omiten aspectos igualmente críticos, como la elaboración de políticas nacionales, planes, programas y proyectos, así como los mecanismos específicos de financiamiento para proyectos de gran envergadura necesarios para atender las necesidades de la población en Guatemala.
Varios países, entre ellos México, Colombia y España, han implementado leyes de movilidad que han demostrado ser eficaces para mejorar la seguridad y las condiciones de desplazamiento. Estas legislaciones contribuyen al desarrollo ordenado y fomentan el fortalecimiento económico y social del país.
Estamos siendo testigos de un cambio de época, es evidente que desde el inicio de la presente legislatura se pudo observar un cambio significativo en la apertura que tiene el Congreso de la República para la formulación de iniciativas de ley que respondan a necesidades reales de los habitantes del país, vemos con buenos ojos esa apertura para provocar una discusión oportuna que garantice una digna representación de los anhelos de los guatemaltecos.
Con la implementación de esta ley de movilidad y seguridad vial, aspiramos a proporcionar a Guatemala un marco integral que fomente la movilidad urbana y rural eficiente, equitativa y sostenible, asegurando la seguridad de todos los ciudadanos. Esta iniciativa representa una de nuestras mayores apuestas, ya que creemos firmemente que la movilidad debe primar en la preservación de la integridad y la vida de las personas en todos los aspectos imaginables.
Buscamos que las instituciones que intervienen en temas de movilidad sean sólidas y coordinadas, que supervisen y regulen la movilidad en el país, así como los sistemas de transporte a todos los niveles, garantizando una gestión eficaz y transparente.
Que las instituciones de gobierno central y local se comprometan a desarrollar planes de movilidad participativos que integren las necesidades y perspectivas de la comunidad, asegurando criterios de equidad y sostenibilidad en la planificación de infraestructuras y servicios.
En términos financieros, aspiramos a diversificar las fuentes de financiamiento y promover incentivos para la adopción de soluciones de transporte más eficientes. Para lograrlo, queremos involucrar activamente a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la evaluación continua de nuestras políticas.
El concepto de movilidad como una actividad que involucra el desplazamiento de personas, bienes, o cosas de un sitio a otro, ya sea a través de sus propios medios de locomoción o utilizando algún tipo de transporte, es una derecho inherente a la persona, irrenunciable y necesario, y es por ello que es importante situar al ciudadano en el centro de las políticas públicas.
El compromiso es garantizar el derecho universal a la movilidad segura, eficiente y accesible como un pilar fundamental. Este derecho implica asegurar que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de desplazarse de manera digna y segura.
Además, la seguridad vial es una prioridad clave para que el Estado garantice la implementación de medidas efectivas para reducir los incidentes de tránsito y proteger la vida de los usuarios de las vías, así como la promoción de comportamientos responsables en las carreteras a través de campañas educativas y de concienciación.
La elaboración y actualización de normativas y estándares de seguridad para vehículos y sistemas de transporte, aseguran que todos los medios de movilidad cumplan con las exigencias de seguridad necesarias para proteger la integridad física de los usuarios. La coordinación entre autoridades de transporte, salud y seguridad será fundamental para implementar estrategias integrales que reduzcan los riesgos asociados al desplazamiento.
Luego de un análisis de la institucionalidad existente en el país, pudimos identificar deficiencia en la articulación de las distintas instituciones involucradas en la movilidad, por lo que se hace necesario contar con un marco institucional sólido y eficiente que coordine y promueva políticas integrales de movilidad urbana y rural.
Este marco incluirá la creación de una entidad que coordine los esfuerzos y que sea competente en materia de movilidad, con capacidad para supervisar y regular el sistema de transporte a nivel nacional, regional y local.
Dicha autoridad garantizará una coordinación efectiva entre las diferentes jurisdicciones y actores del transporte, facilitando una integración coherente del sistema. Además, se definirán roles claros y responsabilidades tanto para las entidades gubernamentales como para otros agentes involucrados en la movilidad, asegurando así una gestión eficiente y transparente del sistema.
Finalmente, la institucionalidad deberá poder afrontar la articulación de planes, programas y proyectos de gran envergadura, mediante el uso de mecanismos de financiamiento que permitan el desarrollo de éstos a corto, mediano y largo plazo.
Los procesos inclusivos de planificación que consideren las necesidades y opiniones de la comunidad en el desarrollo de planes de movilidad sostenibles son una necesidad.
Para lograr esto, es imperativo incorporar procesos participativos e inclusivos de planificación que tomen en cuenta las necesidades y opiniones de la comunidad en la elaboración de planes de movilidad sostenible. Para alcanzar este objetivo, se llevará a cabo una participación activa de las comunidades locales, autoridades, expertos en transporte y usuarios en la formulación de políticas y proyectos.
Esta planificación integrará criterios de equidad, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad, priorizando el bienestar colectivo sobre intereses individuales.
Se establecerán mecanismos efectivos de consulta pública y retroalimentación continua para adaptar los planes de movilidad según las demandas y expectativas cambiantes de la sociedad.
Nuestro objetivo principal es garantizar recursos financieros adecuados y sostenibles para la implementación y mantenimiento de infraestructuras y servicios de movilidad. Para lograr esto, nos proponemos diversificar las fuentes de financiamiento, incluyendo fondos públicos, privados y cooperación internacional. Estableceremos mecanismos transparentes y eficientes para la asignación y uso de fondos destinados a la movilidad, minimizando la corrupción y maximizando el impacto de la inversión. Además, promoveremos incentivos económicos que fomenten la adopción de formas de transporte más sostenibles y eficientes, estimulando la innovación y la mejora continua del sistema de movilidad.
Nos comprometemos a promover la transparencia y rendición de cuentas en la gestión y operación del sistema de movilidad. Para lograr esto, garantizamos el acceso público a la información relevante sobre políticas, inversiones y desempeño del sistema de movilidad, fomentando así la confianza y la participación ciudadana. Implementaremos sistemas de monitoreo y evaluación efectivos para medir el impacto y la eficiencia de las políticas y programas de movilidad, facilitando la toma de decisiones informadas. Asimismo, fortaleceremos la participación ciudadana en la toma de decisiones y la supervisión de la gestión de la movilidad, promoviendo un diálogo abierto entre autoridades y sociedad civil para mejorar continuamente el sistema de transporte.
Con la finalidad de enriquecer la discusión y obtener retroalimentación de forma multidisciplinaria, se propone realizar talleres participativos para discutir el borrador de Ley de Movilidad, incluyendo a las instituciones gubernamentales, sector privado y productivo organizado y organizaciones de sociedad civil, tanques de pensamiento y academia, entre otros en tres talleres durante el mes de junio.
Salón Mayor, Casa Larrazabal - Congreso de la República
9:00-11:00 Instituciones del Organismo Ejecutivo, Instituciones Autonomas, Descentralizadas y Municipalidades.
11:00-13:00 Sociedad Civil, Ta...
Salón Mayor, Casa Larrazabal - Congreso de la República
Salón Mayor, Casa Larrazabal - Congreso de la República
9:00-11:00 Instituciones del Organismo Ejecutivo, Instituciones Autonomas, Descentralizadas y Municipalidades.
11:00-13:00 Sociedad Civil, Ta...
Salón Mayor, Casa Larrazabal - Congreso de la República
Salón Mayor, Casa Larrazabal - Congreso de la República
9:00-11:00 Instituciones del Organismo Ejecutivo, Instituciones Autonomas, Descentralizadas y Municipalidades.
11:00-13:00 Sociedad Civil, Ta...
Salón Mayor, Casa Larrazabal - Congreso de la República
Además de la participación activa en los talleres de discusión, puedes ayudar a promover la necesidad de una ley de movilidad, para ello hemos preparado un listado de aspectos en los que puedes contribuir y que podamos fortalecer la necesidad de impulsar una ley que sea de beneficio.
Adicionalmente necesitamos articulación de apoyos para el desarrollo de mensajes clave desde distintos puntos de vista, lo que permitirá orientar la comunicación, las acciones y colaboraciones que se pueden organizar para promover la necesidad de impulsar la ley de movilidad, y finalmente las alianzas y colaboraciones que puedes ayudar a articular desde tu espacio.
Academia:
Proveer análisis detallados y estudios sobre el impacto de políticas de movilidad en diversas áreas destacando la estrecha relación entre una movilidad eficiente y el desarrollo económico.
Promover activamente la importancia de recopilar y analizar datos para mejorar la formulación de planes y proyectos de movilidad y para materializar estos objetivos, la academia publica investigaciones, organiza conferencias y ofrece asesoría técnica a legisladores y autoridades para respaldar políticas basadas en evidencia.
Colaborar con otros centros de investigación y tanques de pensamiento para desarrollar propuestas sólidas y participa en espacios de discusión con actores clave del gobierno para influir en la toma de decisiones.
Sociedad Civil:
Destacar los beneficios fundamentales de una movilidad mejorada para la calidad de vida, la seguridad vial y el acceso equitativo al transporte.
Resaltar la importancia de infraestructuras diseñadas para peatones y ciclistas, promoviendo entornos urbanos más seguros y saludables.
Organizar una serie de actividades como eventos comunitarios, campañas en redes sociales y foros ciudadanos, además de recopilar firmas y enviar cartas abiertas a líderes políticos para impulsar cambios concretos.
Sector Empresarial:
Poner énfasis en la eficiencia operativa y los beneficios económicos derivados de una movilidad fluida. Para respaldar estas metas, se destaca la necesidad de políticas públicas coherentes que fomenten inversiones a largo plazo en infraestructuras de transporte.
Reconocer la importancia del desarrollo económico asociado con una movilidad eficiente para mantener la competitividad empresarial y retener empleados talentosos.
Participación financiera en campañas y eventos relacionados, así como la colaboración activa en grupos de trabajo con representantes gubernamentales para influir en políticas favorables.
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